Durante el acto, el mandatario estatal firmó el convenio de colaboración con la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, y anunció que el gobierno estatal y los municipios de Tetipac, Eduardo Neri, Coyuca de Catalán, Arcelia y Petatlán, podrán acceder a una bolsa de 60 millones de pesos para obras educativas, alumbrado, pavimentación de caminos y reforestación.
Con la reforma fiscal impulsada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se constituyó el Fondo Minero cuyos recursos provienen de los nuevos derechos que deberán cubrir todas las empresas que tengan operación minera en México, los cuales se denominan como: adicionales, especiales y extraordinarios. Durante el acto el gobernador Astudillo destacó el potencial minero de Guerrero, estado que ocupa el tercer lugar nacional en yacimientos de oro. Dijo además que los 60 millones de pesos destinados para aplicarse en municipios mineros de la entidad, corresponden a los derechos recaudados en el año 2014.
De cada peso que pagan por concepto de derechos las empresas mineras, 20 centavos son para la federación, 30 para obras de beneficio colectivo orientadas por el gobierno estatal y los 50 restantes para aplicarse en los cinco municipios guerrerenses con explotación minera.
En su mensaje, el mandatario estatal exhortó a tener cuidado para que las riquezas naturales de Guerrero, no ocasionen enfrentamientos entre los habitantes, y que los recursos sean aplicados de manera transparente hoy que la minería hoy está regresando los primeros 60 millones de pesos para el estado de Guerrero.
¿Cómo aplicará el Fondo? Robles Berlanga explicó en su oportunidad que el procedimiento para aplicar el Fondo será democrático e incluyente, porque los integrantes del comité definirán qué proyectos van a obtener recursos en base a las propuestas de representantes de los gobiernos estatal y municipales.
En las decisiones participarán representantes de la comunidad o núcleo ejidal, de los gobiernos estatal y municipales, así como de las compañías mineras que trabajan en la zona y el Gobierno de la República, a través de la SEDATU, y las decisiones se tomarán por mayoría de votos, es decir, por consensos, lo que garantiza que no sean obras con un interés político dirigido.
El Fondo Minero se aplicará por primera vez en el país, y será SEDATU la instancia responsable de vigilar que su funcionamiento se dé en un marco de transparencia, mediante el consenso, y siempre encaminado a atender las necesidades históricas de las comunidades, en materia de servicios. José Ricardo López Pescador, titular de la Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de los Fondos Mineros, informó en su oportunidad que son tres tipos de derechos los que deben cubrir todas las empresas que tengan operación minera en el país, los cuales se denominan como: adicionales, especiales y extraordinarios.
Del total de esos impuestos, el 20 por ciento se queda en Hacienda, el 30 por ciento se destina a los estados y el 50 por ciento restante se va directamente al Fondo Minero y serán aplicados en obras propuestas por autoridades locales de aquellos municipios donde se da la explotación de la minería.
El impuesto adicional significa el 7.5 por ciento sobre el valor de las utilidades de las empresas mineras, el cual será pagado por éstas además de las obligaciones fiscales con las que cumplen hasta ahora; el especial es un gravamen que se paga por las concesiones mineras, mismo que depende del número de hectáreas concesionadas a las empresas mineras, y que no estén trabajando, en exploración o explotación; el extraordinario representa el 0.5 por ciento de los ingresos de las empresas por la extracción de oro, plata y platino. Guerrero es uno de los 24 estados de la República vocación minera y el objetivo es que en cada municipio donde se explota la minería se lleven a cabo acciones que impulsen el desarrollo humano y propicien un mejor nivel de vida para sus habitantes.
Los municipios no podrán usar estos recursos para cuestiones administrativas o para compromisos financieros de otra índole. El recurso no está diseñado para oxigenar las tesorerías municipales, sino para que el recurso baje a las obras autorizadas por los integrantes del comité conforme registran avance.
Fuente: Internet
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